En el país oriental la norma se sancionó en 2007 con el fin de reemplazar la legislación de 1932, llamada sin eufemismos "ley de indeseables".
"Es contundente la opinión respecto a que su permanencia en nuestro ordenamiento jurídico, es en la práctica una afrenta a los más elementales Derechos Humanos", describe el texto introductorio de la nueva ley. Luego agrega: "Se torna imperioso, pues, que nuestro país honre los compromisos asumidos a nivel regional e internacional, estableciendo un marco legal acorde a los estándares y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional, el Convenio Nº 97 de la Organización Internacional del Trabajo y el Acuerdo de Libre Residencia para los nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile."
El artículo 1 establece: "El Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares, sin perjuicio de su situación migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la Justicia, así como a la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición".
Artículo 9.- "La irregularidad migratoria en ningún caso impedirá que la persona extranjera tenga libre acceso a la justicia y a los establecimientos de salud. Las autoridades de dichos centros implementarán los servicios necesarios para brindar a las personas migrantes la información que posibilite su regularización en el país."
Artículo 11.- Los hijos de las personas migrantes gozarán del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales. El acceso de los hijos de trabajadores migrantes a las instituciones de enseñanza pública o privada no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación irregular de los padres.
La similitud con la legislación argentina es evidente, y se encuadra dentro del plan denominado Patria Grande que en 2006 fue elogiado por la Organización Internacional para las Migraciones.
En Brasil está por ser promulgada una nueva ley de migraciones, acorde con la situación de los demás países sudamericanos, y que reemplace a la actual normativa, que data de tiempos dictatoriales.
En 2008, el ministro de Trabajo, Carlos Lupi, sostuvo: "En América Latina no tenemos que tener barreras. Tenemos que unificar la legislación, pues somos un solo pueblo". Fue entonces cuando se comprometió a tratar una nueva norma migratoria en 2010.
En el mismo sentido se había expresado el secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Luiz Paulo Barreto, quien afirmó que la migración ilegal no es un crimen, sino en el peor de los casos "una infracción administrativa", y reprochó las leyes migratorias "cada vez más duras y más severas" que aplican algunos países, especialemente los europeos.
En Chile todavía rige la ley de Extranjeria de 1975, promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet, que los gobiernos de la Concertación buscaron flexibilizar mediante "amnistías migratorias", que son actos administrativos, se practican por decreto y están sujetas a la discrecionalidad del Gobierno como potestad delegada en el Ministerio del Interior. En 1998 se otorgó la primera amnistía a cerca de 23 mil extranjeros residentes en el país, a quienes se les entregó una visa de residente temporario por dos años. De ellos, 21 mil eran peruanos.
En Octubre de 2007 se anunció nuevamente esta medida. Finalizado el proceso de regularización se dio a conocer que fueron 50.705 las solicitudes en tres meses. De ellos, 32.406 eran peruanos, 5.657 bolivianos y 1.782 ecuatorianos.
En 2008 la presidenta Michelle Bachelet prometió una “nueva ley de migración” para antes de terminar el año, con el fin de adecuarse a los nuevos tiempos que corren en Améric Latina. Sin embargo, a día de hoy no hay noticias. Para colmo, el nuevo gobierno de Sebastián Piñera (amigo personal de Mauricio Macri) no representa una esperanza en este sentido. Si quieren conocer este tema en profundidad y desde la perspectiva chilena, les recomiendo que lean esta nota de la socióloga Verónica Correa.
Foto: María González
Termino este post con una frase del mismo Mauricio: "Hay que seguir el ejemplo de países como Chile, Brasil o Uruguay"
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